Fiscales de Estado y ministros de Economía de 18 provincias acordaron volver a la Corte Suprema el viernes para pedir que intime al Gobierno de Mauricio Macri a cumplir, bajo apercibimiento de sanciones, con la medida cautelar y liquidar ya la compensación derivada del reciente fallo del máximo tribunal que estableció a Nación financiar el costo fiscal de las medidas presidenciales post PASO sin erosionar la coparticipación.
Precisamente, la discusión acerca de el monto prosigue con final abierto por las contrariedades para efectuar ese cálculo (involucra a tributos de naturaleza distinta).
Por de pronto, los gobernadores pretenden que la AFIP se expida respecto del monto, al tiempo que ciertos distritos se apoyan en un informe de la Oficina del Presupuesto del congreso que estimó en 47.395 millones de pesos el costo de las medidas para las provincias.

Cobros sin demoras

La avanzada concluyó de pulirse en la sede porteña de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), donde se autoconvocaron los enviados provinciales para blindar los pasos a continuar, mantuvo.
Hubo en rigor funcionarios de 18 provincias, puesto que a las 15 que iniciaron la acción judicial originaria se sumaron tres que no accionaron aún: Mendoza, Chaco y Río Negro.
El orden de los gobernadores es claro: avanzar en el cobro sin demoras, en ante de las primeras estrategias dilatorias que brotaron desde la Casa Rosada.
de ahí que ahora definieron avanzar en la estrategia de intimación de pago.
En la mesa en la CFI se sentaron enviados de 18 provincias: Entre Ríos, San Luis, San Juan, Tucumán, Catamarca, Chubut, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, Formosa, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, Mendoza y Río Negro.

Esperando resolución

De ese lote, las primeras 15 provincias accionaron a fines de agosto contra los dos decretos pro consumo del 1er magistrado que mermaron las remesas automáticas a los gobernadores.
No obstante el éxito de la estocada atrajo a más distritos: se sumaron al cónclave funcionarios del radical mendocino Alfredo Cornejo, del justicialista chaqueño Domingo Peppo y del rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
Ese 2do lote de distritos no fue hasta el instante a el poder judicial y privilegió la apertura primero de negociaciones con la Casa Rosada, No obstante ahora esperan -a priori- percibir Además un derrame (político) de recursos, Desde la puerta abierta por el fallo de la Corte.
Los gobernadores están decididos a monetizar inmediatamente la cautelar que les blinda la coparticipación y esquivar los intentos de la Casa Rosada de freezar los tiempos, durante de la campaña electoral cara los elecciones del 27-o bien.
La resolución de la Corte estableció días atrás que el Gobierno nacional debe hacerse cargo de financiar el impacto de las medidas post-PASO (y pro consumo) de Macri, que erosionan las remesas coparticipables. El mix incluye la suba del piso de Ganancias y la eliminación del IVA en comestibles de la canasta básica.

Una fallo que abre polémica

La alarma se prendió Después de el fallo de la Corte Suprema que obligó compensar a la provincia de Entre Ríos por la reducción de fondos como la eliminación del IVA a determinados comestibles, incremento del mínimo no imponible de Ganancias y exenciones al Monotributo.
Juristas, economistas, polemistas de redes sociales y público En general comenzaron a interrogarse acerca de los alcances de un fallo que, para ciertos, implica un avance del Poder Judicial acerca de una temática privativa del Gobierno, como es la alteración de alícuotas para impuestos.
Se llegó a discutir, aun, acerca de la creación de un anterior por el cual prácticamente quedaría «prohibido» bajar impuestos en el país.
El problema arrancó en el instante, Después de el resultado electoral de las PASO, el 1er magistrado Mauricio Macri dictó dos decretos en los que determinó una baja en las alícuotas del IVA de ciertos productos y estableció exenciones al monotributo hasta fin de año.

resoluciones políticas no judiciables

ciertas provincias fueron a la Corte Suprema para cuestionar esas normas puesto que consideraron que se afectaban sus fondos coparticipables. El máximo tribunal, Por medio de una medida cautelar, le dio la razón a la provincia de Entre Ríos y le estableció al Estado nacional que le transfiera a la provincia la cuota de coparticipación que hubiese correspondido sin ese decreto.
Para ciertos de quienes apoyaron el fallo, la parte cuestionable por una parte del Gobierno fue la de haber tomado la medida por decreto y sin la anuencia del congreso, No obstante otros plantearon que Macri se había excedido Además en la cuestión de fondo. en otros términos, en incidir indirectamente en la recaudación impositiva de las provincias al bajar un impuesto coparticipable.
Llegado a ese punto, se comenzaron a proponer las preguntas fundamentales del discute: ¿hasta dónde llega el poder discrecional del Poder Ejecutivo? ¿Versa de una Resolución de política económica y en consecuencia no judicializable?
Por otra parte, ¿Solo el Estado nacional se debe ver afectado en el instante decide reducir un impuesto coparticipable? Y, así, ¿se judicializará cada Resolución de índole impositiva si afecta a alguna provincia? ¿Cualquier Resolución en materia de impuestos debe pasar por el congreso?

Cuestionamientos de forma y de fondo

Hay que disponer en cuenta que si, por servirnos de un ejemplo, baja la masa coparticipable por una caída en la recaudación general, las provincias van a percibir menos dinero. No obstante los especialistas explican que en ese caso es claro que no hay posibilidad de judicialización del tema, puesto que el origen de la caída en los ingresos es exógena a la regulación Sino más bien más bien depende de la coyuntura económica.
La postura de las 15 provincias que fueron a los tribunales, y apoyada por Múltiples abogados constitucionalistas, apunta que el Gobierno nacional (que cobra el impuesto y más tarde reparte) no puede aumentar o bien trastocar porcentajes de forma unilateral.
Tampoco podría quitar conceptos de la masa coparticipable. en otros términos, si el Poder Ejecutivo Nacional bajó la masa coparticipable a la mitad, en términos reales afecta a las provincias y podrían reclamar judicialmente.
El discute, en este último punto, se centra en determinar si cada movimiento de alícuotas debería disponer exactamente Exactamente el mismo trabajoso circuito de aprobación por las dos cámaras del congreso y por todos y cada uno de los legisladores para surtir efecto.
En este punto, el tiempo podría jugar contra la Resolución gubernamental y transformarse en una Resolución de cumplimiento imposible, más aun, teniendo presente que la Constitución Nacional tiene una cláusula transitoria para el dictado de una nueva ley de coparticipación que venció hace 23 años.
En lo que refiere a la cuestión de fondo, hubo planteos de juristas en el sentido de que el fallo de la Corte malinterpreta el sentido de la coparticipación al entenderla como un derecho de las provincias a percibir una suma fija de dinero.

¿Un caso de federalismo en riesgo?

Conforme explica el abogado Pedro Caminos, «la coparticipación está concebida para distribuir entre la nación y las provincias lo que se recauda en concepto de ciertos impuestos. Esos impuestos los recauda la nación. Es una competencia propia de la nación crearlos, extinguirlos y determinar su alcance. así, define a los acontencimientos imponibles y las alícuotas».
De pacto a la Constitución Nacional, es su potestad en forma exclusiva y sin intervención de las provincias y A su vez puede crear exenciones y Además, aun, darle a un impuesto una asignación específica.
«Ningún artículo de la Constitución les da a las provincias facultades en el sentido de incidir en la política tributaria. El art. 75.2 CN sí crea un mecanismo de concertación, que necesita participación y pacto para determinar de qué forma se distribuye la masa coparticipable», indica Caminos.
«No obstante de ahí no se puede inferir un derecho de las provincias a fijar conjuntamente con la nación la política tributaria nacional», agrega el especialista.
más tarde remarca que no es un caso en el que pueda plantearse una lesión al arranque del federalismo, Sino más bien más bien es un caso de división de poderes. La Nación no pasó acerca de competencias o bien recursos provinciales. En todo caso, el Poder Ejecutivo pasó acerca de competencias del congreso. (Fuentes: Ámbito, Iprofesional, otras)

periódico de madryn, fuente