La Procuración General de la Nación ratificó la competencia de la Corte Suprema de Justicia para estudiar los reclamos de las 15 provincias contra las últimas medidas del gobierno de Mauricio Macri que afectan fondos coparticipables por las rebajas en una serie de impuestos. Los gobernadores mantienen que las medidas oficialistas para «paliar» la ocasión económica de la clase media son inconstitucionales y Además implican quitas de entre 600 y 1.900 millones de pesos a cada una de ellas.
aunque en fuentes judiciales admiten que la pretensión de la Corte es que el tema tenga una solución «política» y no judicial, la procuradora Laura Monti se pronunció el viernes pasado acerca de el pedido de la provincia de Santiago del Estero. Su Resolución se hace extensiva a las presentaciones de las otras provincias de Entre Ríos, Catamarca, Salta, Tierra del Fuego, La Rioja, Chubut, Santa Fe, San Juan y Santa Cruz, se Incluyó.
«A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte. En efecto, toda vez que la Provincia de Santiago del Estero -a quien le toca la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el arto 117 de la Constitución Nacional- demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal Conforme lo dispuesto en el arto 116 de la Ley Fundamental, comprendo que la única forma de conciliar las dos prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia, cualquiera sea la materia del pleito», aseguró el dictamen. Días atrás, la PGN se había expedido en afines términos con relación a las presentaciones efectuadas por Neuquén y Río Negro.

Santiago reforzó los argumentos

acá la provincia de Santiago del Estero cuestionó los decretos del Poder Ejecutivo 561/19 y 567/19, y las resoluciones generales de AFIP 4.546/19 y 4.547/19. La provincia demandó la «nulidad absoluta de todos y cada uno de los actos administrativos que se hubieran dictado como consecuencia de las normas que cuestiona».
Las tildó de «violatorias del régimen federal de coparticipación de recursos fiscales», aseguró que «desconocen el principio de legalidad en materia tributaria» y se advirtió que «forman un exceso en la actividad delegada que corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, desconociendo los límites fijados en la Carta Magna». «por medio de su dictado, el Estado Nacional deshonró el pacto ‘acuerdo Fiscal’, del 13 de septiembre de 2018, suscripto por la demandada, los gobernadores -excepto el de la Provincia de San Luis- y el jefe de gobierno de la CABA».
En la demanda, la provincia justificó la presentación en que «la demandada le desencadena a la Provincia de Santiago del Estero un concreto y real perjuicio económico que afecta su política fiscal y financiera». así las cosas, la provincia pidió que se dicte «una medida cautelar de prohibición de innovar -hasta tanto recaiga sentencia terminante- por la cual se suspenda la vigencia, efectos y aplicación de los decretos 561/19 y 567/19, de las resoluciones generales (AFIP) 4.546/19 y 4.547/19, Como Además de todo otro reglamento o bien acto administrativo que se dicte en su consecuencia».
Además se requirió a la Corte que «le ordene al Poder Ejecutivo Nacional la restitución de las sumas que no hubieren ingresado a la masa coparticipable, que regula el art. 2° de la ley 23.548, o bien que dejen de ingresar en el futuro, en la proporción que le toca a la Provincia de Santiago del Estero (4,29%)». Por ahora, la Procuración se pronunció acerca de la competencia de la Corte para investigar el tema. El discute En el máximo tribunal no arrancó.

periódico de madryn, fuente