El empresario de Chubut, Celso Pontet, impulsó una demanda judicial por presuntas irregularidades en la designación de dos vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia. La presentación fue contra los legisladores por nombrar a los contadores Liliana Underwood (ahijada política de Jerónimo García) y Antonio Cimadevilla (hijo de Mario Cimadevilla), que no hubieran cumplido lo que exige la ley respecto a 7 años de ejercicio de la profesión para detentar el cargo. A más de dos meses, el trámite está estancado en el Ministerio Público Fiscal que no ha dado comienzo formal a la investigación.
da lugar a rememorar que el 10 de mayo el abogado Aldo Amado, como patrocinante legal del empresario Celso Pontet, formalizó la demanda: “presentamos la prueba, la constancia del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas donde consta que la Ley exige el ejercicio de siete años de la profesión y Asimismo la Constitución de la Provincia”, precisó el empresario, en siguientes dichos a la prensa en las que lamentó que “el trámite no se ha movido, no se ha comenzado la investigación”.
En cuanto al argumento que recogió el abogado, Pontet mantuvo que “le dijeron que habían mandado una nota al Consejo Profesional solicitando data, en el instante yo ya presenté la hoja original del instituto. Si deseamos probar las cosas Asimismo podemos preguntarle al Papa Francisco”, proyectó con ácida ironía.
La demanda indica a los presidentes de bloque de la Legislatura, sosteniendo que los profesionales designados incumplían con el requisito de antigüedad que está establecido por la Constitución Provincial y por la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y que A pesar de ello los legisladores aprobaron las designaciones.
De constatarse que dos miembros del Tribunal de Cuentas fueron mal designados, todo lo actuado por ellos, podría ser declarado nulo de nulidad absoluta.

Padres, hijos y ahijados

En tanto, la agencia Adn Sur recordó que en aquella sesión hubo tres acuerdos aprobados a propuesta de los diferentes bloques para Abarcar las vacantes en el Tribunal de Cuentas, que fueron las del abogado Martín Meza (es hijo del miembro del Congreso de los legisladores Blas Meza Evans y fue nominado por el FpV-PJ), y los contadores públicos Liliana Underwood (nominada por Jerónimo García como 1er magistrado del Chusoto) y Antonio Cimadevilla (hijo de Mario Cimadevilla y fue nominado por el bloque Cambiemos). acerca de el 1er caso no hay ninguna objeción, No obstante sí respecto a los dos contadores, cuyos nombramientos fueron objeto de una demanda penal contra la Legislatura y los presidentes de los bloques, por una parte del empresario de Trelew, Celso Pontet, quien Conforme su abogado Aldo Amado, entiende que los profesionales designados incumplían con el requisito de antigüedad que está establecido por la Constitución Provincial y por la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
La demanda presentada al Ministerio Público Fiscal expresa que los contadores Underwood y Cimadevilla no cumplen con la antigüedad requerida en ejercicio de la profesión para aceptar en esos cargos, que es de 7 años, algo que se pudo comprobar a través del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Chubut, quien regula la matriculación de los profesionales.
Por ello fue presentada la demanda que para Amado, podría encuadrar en el artículo 253 del Código Penal, que establece que Será reprimido con una multa económica “y Asimismo inhabilitación singular de seis meses a 2 años, el político público que propusiere o bien nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”.

Sugestivas visitas al fiscal

Conforme el abogado, en la demanda –que está en manos del fiscal Osvaldo Heiber con cada una y cada una y cada una de las pruebas y la documentación- “no se marcha acerca de nombres propios, Sino más bien más bien acerca de el accionar de la Legislatura que nombra a dos vocales que no reúnen los requisitos”, aun A pesar de que la legisladora Cecilia Torres Otarola lo había advertido en el recinto.
“La demanda fue presentada en mayo y hasta el instante el Ministerio Público Fiscal no ha efectuado ningún movimiento, mientras que en los pasillos judiciales se mencionan sugestivas “visitas” de personas de renombre político al fiscal Heiber, para “averiguar” si va a efectuar alguna acción. mientras que tanto, desde adentro del Tribunal de Cuentas se comenta que los recién nombrados comenzaron a designar gente a su cargo de forma urgente, aun ciertos parientes próximos”, ventiló Adn Sur.

Gravedad institucional

Por otra parte, ya había ingresado a la Legislatura una nota del instituto Profesional de Ciencias Económicas, en las que advierte a los legisladores que las designaciones fueron realizadas de forma “inconstitucional”, No obstante la misiva habría sido cajoneada por el 1er magistrado de la Cámara a fin de que no tome estado parlamentario y sea girada a los bloques.
La nota lleva la firma del 1er magistrado, Miguel Enrique Mujica, y contendría párrafos muy duros cara los legisladores, al sujetar que por no cumplir los dos contadores con los años de ejercicio de la profesión de pacto a su matrícula, “resulta evidente y manifiesto que su designación no se ajusta a derecho”. Y más aún, advierte que se estaría ante “un caso de inequívoca gravedad institucional” puesto que el
desempeño del Tribunal de Cuentas “no respondería a lo reglado en la propia Constitución Provincial”.
No únicamente advierte que lo actuado por el tribunal podría ser objetado por estar mal conformado, Sino más bien más bien cuestiona la Resolución “arbitraria” de los legisladores de salirse de la letra de la Ley que juraron cumplir, y aunque señalan que los nombramientos obedecen a una “voluntad personal” y a una “Resolución política” de los legisladores, esto no puede exceder el marco normativo.
Este organismo aclara que es su obligación que los matriculados “ajusten en todo instante su actuación profesional a lo establecido en el derecho positivo” con lo que está habilitado a “impugnar las designaciones que no se ajusten a derecho”. Por ello concluyen que deben tomarse los recaudos para salvar la ocasión, En tanto que en la ocasión de Underwood y Cimadevilla, “de pacto a nuestros registros exactamente los mismos no tenían al instante de su nombramiento, la antigüedad de siete años en el ejercicio profesional que exige la Constitución del Chubut”.

periódico de madryn, fuente